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Tras los sismos de septiembre Una ley que legitima la desigualdad

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Tras los sismos de septiembre
Una ley que legitima la desigualdad

 

Luis Saracho

La ley para la reconstrucción de los daños provocados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 emitida por la Asamblea Legislativa el 1° de diciembre de 2017, es la expresión real de las contradicciones sociales que guían a la ciudad capitalista. A pesar, que en el discurso se dice que dicha ley se preocupa más por recuperar el tejido social, las familias, los negocios, las formas de vida que se vieron afectadas y el patrimonio físico perdido por el sismo, es inevitable caer en la realidad social, que expresa la verdadera esencia del entorno urbano, como el lugar donde todo gira en torno a relaciones de propiedad y explotación capitalista, orientada a la apropiación de las ganancias particulares generadas por el lucro.
El vínculo que la Ciudad de México que ha tenido con el agua desde su fundación, describe perfectamente el origen de los daños causados por el sismo de 2017. La ciudad se fundó en medio de un lago por ser el único lugar deshabitado, pues todas las riveras ya estaban ocupadas. La corona española, estableció ahí su capital para demostrar su poderío al aniquilar a los fundadores indígenas, pero en la acción cometió el pecado que llevó la penitencia. La ciudad no se creó con la vocación lacustre sino que inició su desecación para ocupar las áreas que pertenecían a las aguas del lago y al mismo tiempo sufrió de sequía así que se inició a sacar el agua del subsuelo. La necesidad de más suelo por un lado y protegerse de las inundaciones, llevó a desecar el lago y de ahí hasta nuestros días, que hemos convertido el subsuelo del lago en fuente de suministro de agua.
El subsuelo del valle es de una naturaleza esponjosa y ello produce una amplificación de las ondas sísmicas que son responsables de la mayor parte de los destrozos producidos por el reciente sismo. La construcción de la gran megalópolis es producto de esta locura de poder que la fundó en este lugar. La reconstrucción de la Ciudad de México no implica solo la reconstrucción de las edificaciones dañadas, significa replantear el destino de este espacio social.
La ley de reconstrucción de la Ciudad de México, ha dado un paso político importante, pues reconoce que no todos somos iguales ante la Ley, por ello ha definido seis categorías de damnificados y para poder atenderlos. La ley tuvo que reconocer, que la identidad jurídica de los damnificados pasa por la condición socioeconómica, precisamente porque los daños se han producido sobre el espacio físico y éste, responde a las leyes del mercado y la especulación inmobiliaria. Por esta razón, sólo a los damnificados más desprotegidos, económicamente el gobierno atenderá la reconstrucción sin cargo alguno. El sector de damnificados, que sus edificaciones destruidas estaban en las áreas caras de la ciudad, donde el m2 cuadrado de edificaciones vale decenas de miles de pesos. Ahí el gobierno no va a reconstruir a su cargo, como muchos de los mismos propietarios de esas edificaciones pretenden.
El plan del gobierno, está consciente de que ahí, las leyes del mercado serán sin duda, las únicas fuerzas que pueden reconstruir la ciudad dañada. La propuesta para este tipo de damnificados, implica sin lugar a dudas, la intervención de empresarios inmobiliarios interesados en sacar provecho de la necesidad de reconstrucción de los inmuebles afectados y para promover su intervención, la ley de reconstrucción brindará facilidades, para el otorgamiento de permisos de construcción y para apoyar dicho interés, permitirá incrementar la densidad de construcción en los predios afectados, es decir, no se podrá construir más m2 de los que había anteriormente al sismo, sino que se podrá construir más viviendas en el mismo predio, situación que reducirá los m2 por vivienda, para que la venta de las viviendas residuales, más los créditos otorgados a los propietarios originales, generen un plus de ganancia para los promotores inmobiliarios involucrados en la reconstrucción.
Poco a poco, la ideología que dice que ante la ley, todos somos iguales, va dejando lugar a la realidad cruda histórica y cotidiana, que nos recuerda que en la realidad algunos son más iguales que otros.
La Ley de reconstrucción de la Ciudad de México, es vista por el gobierno como una oportunidad para continuar con el proceso de valorización del suelo urbano. Colonias de moda en el mercado como la colonia Roma y la colonia Condesa, en vez de haber perdido valor por haber sido afectadas severamente por el sismo de 2017, las edificaciones que sobrevivieron aumentaron su valor, pues ahora han demostrado que pasaron la prueba del sismo.
La Ciudad de México en los sismos de 1985 y ahora 2017, han demostrado con creces, que sus ciudadanos tienen vocación solidaria, pero también entendemos, que esto sólo no basta para poder garantizar un cambio de rumbo de las políticas urbanas hacia una ciudad justa y solidaria, por el contrario, el rumbo de la ciudad lo determina las fuerzas del mercado inmobiliario.
La campaña de Marichuy, la vocera del CIG, se caracterizó por el llamado a no esperar, que la solución de los problemas de la población van a venir por los gobiernos desde los locales hasta el federal. La propuesta será entonces pensar en organizarse para poder enfrentar desde su territorio, sus fuerzas y su organización sus problemas. En las áreas urbanas esto se mira difícil, por la diversidad y la desconfianza en sí mismos de los habitantes de las ciudades. Hoy los damnificados del sismo de 2017 y todos los que pensamos que la organización es el camino, tenemos un desafío para poder avanzar en la solución de nuestros problemas, situación que no es sencilla y requiere de nosotros, determinación y mucha imaginación. Esta tendencia se ha convertido poco a poco en una realidad en todo el mundo, ante la acción catastrófica de los gobiernos nefastos, como el signo de una revolución silenciosa, pero profunda que sigue haciendo crecer las grietas en el muro capitalista.