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Nuestra Palabra: Ley de seguridad. Un Estado de excepción

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Destacado Nuestra Palabra: Ley de seguridad. Un Estado de excepción

 

 

Nuestra palabra

Ley de seguridad

Un Estado de excepción

 

 

El totalitarismo busca no la dominación despótica sobre los seres humanos sino un sistema en que los seres humanos sean superfluos”

 (Giorgio Agamen)

 

La lógica de la dominación política, una vez que se pierde todo vínculo con la sociedad, es establecer una serie de trincheras que protejan la “integridad” de la dominación. Esto permite que se entienda que toda la sociedad es enemiga del poder. Que cualquier ciudadano, sin importar su filiación política, pero en especial los pobres y los despreciados sean culpables  de entrada, antes de cualquier demostración.

Desde hace ya varios años el “Estado” ha abandonado cualquier vocación de representar a la ciudadanía y en cambio lo que ha buscado es crear una serie de mecanismos para ponerla bajo vigilancia y violencia.

La Ley de Seguridad Interna que acaban de aprobar los diputados no sólo busca darle legalidad a lo que existe desde hace varios años, es decir,  a la actuación brutal de las fuerzas armadas, sino que busca otorgarle aún más poder a las fuerzas federales de represión, eliminando casi en la práctica el poder civil.

Dejando solamente como único poder definitorio a la presidencia de la república, aunque a veces se puede pasar por encima de él.

En la Ley se dice: el presidente de la República, “previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá, dentro de las setenta y dos horas siguientes, la Declaratoria de Protección a la  Seguridad interior. (...) las condiciones y vigencia de la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior podrán modificarse o prorrogarse, por acuerdo del Presidente de la República, mientras subsista la amenaza a la Seguridad Interior que la motivó y se justifique la continuidad de las Acciones”...

Pero en otra parte el presidente ya no es necesario, quién decide son los mandos castrenses, esto queda claro cuando se señala: ”las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de Seguridad Interior en los ámbitos de sus respectivas competencias. Al realizar tareas de inteligencia, las autoridades facultadas por esta Ley podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información”.

Lo que el dipsómano Felipe Calderón inició con su supuesta declaración de guerra contra el “crimen organizado”, que realmente fue una declaración de guerra contra el cartel del pacífico para favorecer al cártel de Sinaloa, abrió una caja de pandora. Como todo mundo sabe es muy fácil sacar al ejército a las calles y campos de un país, el problema es regresarlo a los cuarteles.

Esta Ley representa un triunfo del ejército y la marina para tomar el control de México. Ya lo tenían en la práctica, sólo que ahora van a contar con las leyes que han hecho realidad su sueño de que no exista ninguna atadura, que tengan las manos libres para atacar a la gente común, por el simple hecho de ser común.

Y decimos lo anterior no por hablar de memoria. Son 56 mil soldados y alrededor de 27 mil marinos que están involucrados en la guerra “contra” el crimen organizado. Después de 11 años de la misma no ha bajado la producción de enervantes, al contrario México en unos cuantos años se convirtió en el tercer productor de goma de opio.

Tampoco disminuyeron los secuestros, asesinatos, robos, estos han ido en aumento de una manera impresionante. Entonces ¿Dónde está la efectividad de la actuación del ejército y la marina?

 

De acuerdo con la información recabada por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), del 1 de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2016, de las 82 mil 745 quejas recibidas por el ombudsman nacional, 23 mil 347 corresponden a las autoridades encargadas de seguridad pública (Sedena, Semar, Policía Federal y PGR), y de ellas en 10 mil 404 se señala a la Sedena como autoridad responsable.

En materia de tortura y/o malos tratos, crueles, inhumanos o degradantes, en el mismo periodo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tiene un registro de 4 mil 483 denuncias en las que se señala a la Sedena como responsable, y a la Semar con mil 32.

De acuerdo con la decimotercera edición del informe LLa Infancia Cuenta en MéxicoL, elaborado por la Red por los Derechos de la Infancia (Redim), cada día cuatro niñas, niños o adolescentes desaparecen y tres son asesinados; de los más de 33 mil víctimas del Registro Nacional de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), 6 mil 79 son menores de 17 años. De esa cifra, 4 mil 394 desaparecieron durante el gobierno de Peña Nieto.

“En los primeros ocho años de la guerra contra el crimen organizado, 2 mil fueron asesinados, de los cuales la mitad ocurrió en enfrentamientos que involucraron la participación de fuerzas de seguridad.”

Entonces en lugar de regresar a los militares y marinos a sus cuarteles y buques señalando expresamente su fracaso e incapacidad y enjuiciando a sus jerarcas como criminales de guerra. Ahora se les otorga como premio, una ley elaborada por sí mismos para poder, no sólo seguir reprimiendo a la gente común sino hacerlo con la más completa impunidad.

En otra parte de la Ley se dice: “En los casos de perturbación grave de la paz pública o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, y cuya atención requiera la suspensión de derechos, se estará a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes respectivas”. Con lo cual se está ubicando como escenario viable el estado de excepción como viable y probable.

Pero, el otro elemento que queremos destacar en esta breve reseña es que cada vez más los elementos residuales de la soberanía quedan convertidos en cenizas. La soberanía no tan sólo dejó de ser consustancial a la cosa pública sino que desde la misma clase política se renuncia voluntariamente a la misma. Ya ni siquiera las instituciones del poder burgués pretenden ser las depositarias de la soberanía ahora es evidente que la han cedido sin ninguna gracia, no al poder militar como algunos ingenuos podrían pensar sino al poder del dinero que es quien controla todo en este país.

Los grandes empresarios, en especial los del sector financiero, que se han beneficiado enormemente con todo el “negocio” de la droga, los secuestros, la venta de órganos, la trata de personas, etc., tienen las manos libres para ser definidores de cómo se comportan los señores de la guerra. A quién beneficiar y en qué momento. Para eso tienen a las fuerzas armadas y una Ley que les da toda la garantía de poder hacerlos desde el alto lugar que la ley les ha otorgado. Donde efectivamente los seres humanos resultan superfluos.

Pero, lejos estamos de una visión derrotista. Esa Ley, también evidencia la profunda debilidad de algo que alguna vez fue el sistema político mexicano. Sin base social, completamente balcanizado, sin proyectos ya no digamos de mediano plazo sino siquiera de corto plazo, con lo único que cuentan es con las fuerzas armadas para defender el dinero de los hombres del poder verdadero.

El problema es que México es un país de explosiones y rebeliones. Nunca ha habido una huelga general pero han existido miles de rebeliones sociales, entonces aunque suene fuerte es un momento de oportunidad, tal y como lo señala el filósofo italiano, cuando dice:

“Exhibir el derecho en su no-relación con la vida y la vida en su no-relación con el derecho significa abrir entre ellos un espacio para la acción humana, que en un momento dado reivindica para sí el nombre de ‘política’”. Giorgio Agamben, Estado de excepción, p.157.